Medios de comunicación en Colombia: las transformaciones que hacen falta
Por: Pablo Solana.
LANZAS Y LETRAS.
La concentración de los medios en
Colombia es tan obscena como la concentración de la tierra. ¿Qué
transformaciones son necesarias para democratizar el acceso a la información y
la comunicación? En los diálogos de Quito se promueven instancias de
participación que pueden y deben ser aprovechadas para abordar este problema
fundamental.
La tierra, como los medios de comunicación, están en unas
pocas manos privadas que privan de derechos elementales a las mayorías. Los
dueños de la tierra y los dueños de los medios se garantizan, así, los resortes
estratégicos del poder económico, político e ideológico sobre el que edifican
una estructura social desigual e injusta desde la raíz.
El Estado, que no interviene o lo hace a favor de los
poderosos, convalida y garantiza esa desigualdad. Es hora de impulsar
transformaciones urgentes en el plano de la comunicación, a tono con procesos
que desde hace años se vienen dando en otros países de Latinoamérica y el
mundo.
Las convocatorias a la participación de la sociedad para
proponer los cambios que necesita el país, como la que hace el ELN desde la
Mesa de Quito, son oportunidades que no se pueden dejar pasar. Periodistas,
comunicadores y comunicadoras, medios comunitarios y alternativos, Universidades,
debemos asumirnos como impulsores y actores protagónicos de esos cambios.
La concentración de
los medios de comunicación en Colombia es tan abusiva como la concentración de
la tierra
El latifundio y la negación del acceso a la tierra están en
las raíces más profundas de la desigualdad en Colombia. Gran parte del
conflicto social y armado que se intenta superar tiene su origen en esa brutal
desigualdad. Hoy la situación es igual de alarmante que hace 60 años: Según un
estudio de la confederación internacional Oxfam de julio de 2017 titulado
“Radiografía de la desigualdad”, Colombia sigue siendo el país más injusto de
Latinoamérica en materia de distribución de tierras. El 1% de las explotaciones
de mayor tamaño (Unidades de Producción Agrícolas de más de 500 hectáreas)
maneja más del 80% de las tierras productivas, mientras que el 99% restante se
reparte menos del 20%. El periódico Desde Abajo elaboró el siguiente gráfico
con base en esas cifras:
Las
estadísticas oficiales son más bajas, aunque igual de alarmantes. Señalan que
el 1% de las familias más ricas del país concentran aproximadamente el 60% de
la tierra apta para producir.
Esa cifra
de concentración de la tierra es la misma que refleja la concentración de los
medios de comunicación en Colombia.
El informe
Monitoreo de medios, realizado entre otros por Reporteros Sin Fronteras,
establece que tres grupos empresariales concentran el 57% del total de los
contenidos a los que puede acceder la sociedad tanto en radio, TV, internet o
prensa. Se trata de las organizaciones empresariales Sarmiento Angulo, Ardila
Lulle y Santo Domingo.
Esta
concentración se agrava porque estas empresas son, además, dueñas de otros
resortes estratégicos del poder económico. Veamos estos casos en detalle.
Luis
Carlos Sarmiento Angulo es el hombre más rico de Colombia, y su grupo
empresarial es el más poderoso del país. Es propietario del grupo mediático
Casa Editorial El Tiempo, uno de los más tradicionales, influyentes e
importantes del país, que produce más de 25 medios de comunicación en los
sectores de prensa, televisión y medios digitales. Además, agrupa empresas e
inversiones en distintos sectores de la economía: financiero, agroindustria, energía
y gas, infraestructura, hotelería, minería e industria, construcción e
inmobiliario. Maneja inversiones, acciones y valores mediante distintos
holdings empresariales, siendo el más representativo el grupo Aval: una
Sociedad Anónima a través de la cual controla la Corporación Financiera
Colombiana –Corficolombiana- que agrupa más de 27 empresas que operan en
distintos sectores económicos.
Carlos
Ardila Lülle ocupa el tercer lugar en la lista de millonarios colombianos según
la revista Forbes. Es propietario de más de 50 medios de comunicación, entre
los que se destacan el Canal de TV y la Cadena Radial RCN, NTN24 y Win Sport.
RCN Radio cubre más del 80% del territorio nacional con más de 160 emisoras
(entre propias, afiliadas y arrendadas). En TV, RCN es el segundo canal con
mayor audiencia del país. La Organización Ardila Lülle es uno de los
conglomerados empresariales más importantes del país, con más de treinta
empresas de primera línea en distintos sectores estratégicos de la economía
nacional. La empresa más representativa del grupo es Postobon, junto a otras de
peso como Incauca y Los Coches; además tiene participación en empresas
extranjeras como Cinepolis.
El Grupo
Empresarial Santo Domingo es propietario de Canal Caracol, El Espectador, Blu
Radio y Cromos. Su casa matriz es Valorem SA (antes Valores Bavaria). El grupo
participa además en diferentes sectores económicos como el inmobiliario,
turístico, logística, transporte, comercio, industrial, comunicación y
entretenimiento, a través de empresas propias como Cine Colombia, Gases del
Caribe, Stock Models y Koba International Group (almacenes D1). En 2003 el
grupo español Prisa adquirió la mayoría de las acciones de la Cadena Caracol,
lo que dejó al conglomerado empresarial Santo Domingo sin participación en el
sector radio hasta 2012, cuando lanzó al aire Blu Radio.
Si a ellos
sumamos otros poderosos grupos como Publicaciones Semana (Revistas Semana,
Dinero, SoHo, Fucsia, Jet Set, Arcadia, y sus respectivos portales) o el
conglomerado de radios Olímpica de la familia Char, una de las más ricas del
Caribe, llegamos a la conclusión que mencionamos al principio: ese puñado de
empresarios (ni siquiera el 1%) es responsable de una concentración mediática
tan escandalosa como la concentración de la tierra… o más marcada aún.
La
concentración de la propiedad es a la vez concentración de contenidos. El
discurso único del gran empresariado multimillonario en Colombia domina lo que
se informa y comunica a la sociedad, sin posibilidad de ser puesto en
discusión.
Los
porcentajes de audiencia en radio y TV, los dos soportes de mayor penetración
social, son contundentes.
El mismo
estudio antes citado establece que el 72% de la audiencia televisiva nacional
pasa por Caracol Televisión, del Grupo Santo Domingo; y por los productos
televisivos de RCN, del grupo Ardila Lulle, pasa el 60%. La audiencia radial se
reparte entre esos mismos grupos y la familia Char, dueña de la cadena
Olímpica. Dos o tres conglomerados empresariales privados deciden los
contenidos que consume la mayoría de la sociedad.
La comunicación es un derecho social, no una
mercancía
Veamos que
al hablar de la propiedad de los medios de comunicación hablamos exclusivamente
de grandes grupos empresariales. Hay medios estatales, públicos, comunitarios,
alternativos, que juegan roles fundamentales; pero lo que estamos cuestionando
aquí es la concentración, tanto de la propiedad como de los contenidos de esos
medios.
Para las
empresas dueñas de los medios hegemónicos la comunicación es, además de un
factor de poder, una mercancía. Garantizan la reproducción de la ideología
dominante a la vez que comercializan y embolsan grandes ganancias con ello.
Esa lógica
de la libre empresa se vuelve incuestionable al ser propagandizada por sus
propios medios, instalada en el sentido común y amparada de manera cómplice por
el Estado que, en vez de regular a favor de la sociedad, se pone al servicio
del poder económico. Esa lógica de la libre empresa, aunque se la presente como
incuestionable, es gran parte del problema.
Porque la
comunicación antes que una mercancía, es un derecho.
El derecho
a recibir una comunicación veraz, objetiva e imparcial; a tener la oportunidad
de hacer escuchar su voz, de expresarse libremente, a través de diferentes
medios, son elementos propios de toda actividad social, al menos en sociedades
democráticas o que se precien de serlo.
La
Organización de las Naciones Unidas así lo reconoce cuando declara que “la
libertad de información es la piedra angular de todas las libertades, y un
derecho humano fundamental”.
La UNESCO,
en su Declaración de 1978, señala que “los medios de comunicación deben
responder a las preocupaciones de los pueblos y de los individuos, favoreciendo
así la participación del público en la elaboración de la información”.
Nada de
eso puede garantizarse cuando la propiedad de los medios se encuentra
hiperconcentrada en pocas manos, tras una lógica exclusivamente empresarial
asociada a las élites tradicionales, como refuerzo de un ejercicio del poder
que nada tiene que ver con la democracia.
Entonces,
¿cómo dar la lucha por la democratización de los medios de comunicación?
¿Quiénes deben dar esa lucha?
Asumirnos como sujetos activos de la
comunicación: las experiencias latinoamericanas
Empezamos
esta exposición comparando la concentración de los medios de comunicación con
la concentración de la tierra.
El
campesinado en Colombia ha sido, y aún lo es, un sujeto social y político
protagonista de grandes gestas. La apropiación de la tierra a punta de despojo
y violencia generó un movimiento campesino activo, rebelde, consciente de sus
derechos, dispuesto a defender lo que le corresponde.
¿Qué
correlato tiene eso cuando hablamos de la concentración de los medios de
comunicación, del despojo que padecen los medios comunitarios, que realizan una
labor fundamental, heroica en muchos casos, pero que se ven imposibilitados de
competir en igualdad de condiciones con los medios tradicionales?
Si bien
los poderosos siempre contaron con periódicos y medios para reforzar la
dominación, el fenómeno de la concentración multimedial es relativamente
reciente, cuestión de algunas décadas. El desarrollo tecnológico y la
globalización neoliberal facilitaron el proceso de privatización y fusiones
empresariales sobre el que se basan los índices obscenos de propiedad
concentrada de medios, en Colombia y en el mundo.
De la mano
de ello, los debates sobre el derecho a la información y a la comunicación
también son relativamente actuales.
Tal vez
hayan sido los gobiernos progresistas de América Latina los que, en las últimas
dos décadas, lograron mayores avances al respecto.
Uruguay,
Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina, desarrollaron diversos procesos de
debates y reformas legislativas. Si bien los resultados fueron disimiles, las
motivaciones y algunas de las propuestas centrales tuvieron mucho en común.
Veamos el contexto en el que esos procesos se dieron, para entender los
alcances y limitaciones.
Mencionemos
como ejemplo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley
de Medios, que se sometió a debate en Argentina; se aprobó en 2009 promovida
por el gobierno de Cristina Kirchner y fue derogada en 2015, apenas asumió el
gobierno de derecha de Mauricio Macri.
Alcanza
con mencionar solo un aspecto, que ilustra lo que podría ser una reforma
sensata, razonable, y que aun así desató una confrontación política que
erosionó grandemente al gobierno que la propuso. Se trata de la norma que
establece, para la distribución del espacio radioeléctrico, porcentajes
equitativos para los medios privados, públicos y sin fines de lucro.
Esa misma
norma se aplicó en las leyes aprobadas en otros países, como el caso de
Ecuador.
El
espectro radioeléctrico es limitado, es decir, hay determinada cantidad de
frecuencias para ocupar; eso aplica tanto para emisoras radiales o televisión
abierta. El espacio radioeléctrico, además, es propiedad estatal; lo que el
Estado hace con esas frecuencias es entregarlas en concesión a las empresas
privadas que las ocupan. Pero está tan naturalizado que esas empresas son las
“dueñas” de la señal que, cuando el Estado quiere rediseñar el otorgamiento de
esas licencias o el uso del espectro radioeléctrico, en seguida se habla de
censura o medidas dictatoriales. A Chávez le pasó con el canal RCTV, al cual el
Estado venezolano decidió, en 2007, no renovarle la licencia para emitir en la
señal que ocupaba (podía, como efectivamente hizo, seguir emitiendo por cable).
Los motivos eran más que justificados: ese canal había promovido sin medias
tintas el golpe de Estado, y sus directivos padecían procesos legales por ello;
aun así, la campaña internacional en nombre de la libertad de prensa atacó al
gobierno venezolano, cuando en realidad lo que defendían no era la libertad de
prensa sino la libertad de empresa para pretenderse por encima del bien común y
la legalidad.
Volviendo
al caso argentino: la ley debatida y aprobada por el parlamento definía el 33%
del espectro radioeléctrico para empresas privadas, 33% para medios sin fines
de lucro y 33% para medios estatales.
Eso nunca
llegó a implementarse porque, más allá de la aprobación de la ley, que implicó
una polarización política muy marcada, la correlación de fuerzas siguió
favoreciendo a las grandes empresas, que boicotearon cualquier cambio concreto
que se derivara de la implementación de la ley. Son las mismas empresas
periodísticas que hicieron campaña decidida para el candidato derechista
Mauricio Macri quien, entre sus medidas de los primeros días de gobierno, les
retribuyó el apoyo derogando la ley.
Más allá
de la no implementación y de los pocos avances en la materia, el solo hecho de
haber sometido a debate público la propiedad de los medios de comunicación
generó un amplio debate que puso en evidencia las tramas del poder y los
intereses económicos que se esconden detrás de la forma en que se presentan las
noticias.
En
Colombia solemos encontrarnos con reflexiones escépticas al respecto: “aquí no
va a suceder eso, los gobiernos de Argentina o Ecuador tomaron la decisión
política de enfrentar a los grandes grupos empresariales, algo que aquí no
sucederá”.
Es cierto
que no se pueden descontextualizar esos avances que se lograron en algunos
países de América Latina. Los gobiernos que los impulsaron han tenido el mérito
de cuestionar la concentración privada de los medios de comunicación. En
algunos casos, más que por convicción han debido hacerlo en defensa propia,
porque sus programas de gobierno, aun siendo tímidamente reformistas, fueron
duramente atacados por los factores del poder económico más concentrado y los
medios más conservadores.
Pero lo
que nos interesa señalar en este punto es el proceso previo de gestación de
esos debates, de preparación del terreno, de luchas que prefiguraron esas
batallas políticas posteriores.
En
Argentina, el debate en torno a la democratización de la comunicación no lo
instaló el gobierno de Cristina Kirchner, ya estaba instalado desde años antes.
La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) es una articulación de emisoras,
periódicos, televisoras comunitarias, colectivos barriales que hacen
comunicación popular, comunicadores universitarios, etc., que existe hace más
de dos décadas; otras instancias de articulación como el Foro Argentino de
Radios Comunitarias (Farco), y carreras universitarias de Ciencias de la
Comunicación, empujaron el debate, incluso en épocas de gobiernos neoliberales,
cuando aún no se sospechaba que desde el Estado se pudiera asumir parte de la
agenda de cambios que proponía la Red.
También en
Venezuela la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos
(ANMCLA) tuvo su desarrollo más allá del impulso que el presidente Chávez dio
al debate sobre los derechos de los medios comunitarios.
En toda
América Latina esos debates germinaron, comenzaron a plantearse, cobraron
fuerza y encontraron a un sujeto dinamizador en las redes de medios
comunitarios y alternativos en cada país; esos espacios surgieron y se
desarrollaron en contextos adversos, como parte de procesos lentos de
recomposición del movimiento popular ante gobiernos neoliberales.
En ese
punto, para esas tareas previas del movimiento social, en Colombia no hay motivos
para el desaliento: más allá de las correlaciones de fuerzas en las
instituciones, toca hacer el trabajo por la democratización de los medios desde
ahora, y desde el movimiento social.
Mirando a Quito: Participar para elaborar
propuestas de cambio
El
contexto colombiano tiene sus particularidades, no todas desfavorables. Es
cierto que la institucionalidad, sometida casi sin grietas por representantes
de las clases dominantes, es poco permeable a propuestas de cambio tendientes a
la democratización; esto es así en todos los planos, no solo en lo que
concierne a la comunicación. Igual de evidentes son las dificultades que tiene
la izquierda para lograr mayores espacios de representación en esa
institucionalidad; sin ello será muy difícil avanzar en proyectos de ley o
velar por que el Estado garantice un derecho básico, como el acceso en
condiciones de igualdad a los medios de comunicación.
Pero a la
vez que reconocemos esas dificultades, vemos que hay posibilidades que debemos
aprovechar.
Las
negociaciones de paz, aún con sus limitaciones, permitieron poner en evidencia
problemas sociales históricamente postergados ante la gravedad del conflicto
armado; en la medida en que avanzaba el proceso de La Habana con las FARC,
distintas agendas se fueron proponiendo desde el movimiento social para que esa
mesa las considere, entre ellas, lo relacionado con la democratización de los
medios de comunicación.
Esos
avances fueron muy tenues. En el plano de la comunicación, los acuerdos de La
Habana no lograron plasmar modificaciones que alteren el mapa actual de
desigualdad.
Por estos
meses se está desarrollando la Mesa de Diálogos con el ELN, en Quito, Ecuador.
Allí la propuesta de participación de la sociedad parece tener un protagonismo
mayor, aunque aún no se conoce cómo serán las instancias concretas para esa
participación.
En el
plano específico de la Comunicación, algunas señales son alentadoras. A
principios de agosto la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos,
FIPU, realizó un Encuentro público para tratar este tema junto a la delegación
del ELN en Ecuador. Como parte de los intercambios, invitaron a “periodistas,
comunicadores y comunicadoras, trabajadores y trabajadoras de prensa; medios
comunitarios, alternativos, populares y estatales” a ser protagonistas de las
instancias de participación para “democratizar los medios de comunicación”.
Si de lo
que se trata es de promover cambios que reviertan las estructuras injustas de
la sociedad y abran espacios a la participación, queda claro que en lo que
refiere a los medios, el manejo de la información y la comunicación, hay mucho
por lograr. Más allá de los distintos actores políticos y de la correlación de
fuerzas en la institucionalidad, éste, como todo proceso social de cambio,
deberá ir tomando fuerza por abajo.
Cada foro,
encuentro, red o articulación entre medios populares de comunicación, sectores
de la academia, periodistas críticos, colectivos comunitarios y movimientos
sociales, bien puede ser parte de ese proceso, que ya está en marcha.
Pablo
Solana es editor de la Revista Lanzas y Letras y de la Editorial La Fogata de
Colombia. Este artículo fue preparado para el Primer Foro de Comunicación y
Movimientos Sociales de la Universidad Francisco de Paula de Santander
organizado por Colombia Informa – Cúcuta.
Conozca más sobre Lanzas y Letras: http://lanzasyletras.org/
Comentarios
Publicar un comentario