La ONU se pronuncia sobre lo ocurrido en Tumaco.
Pronunciamiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos en el Alto Mira y Frontera, Nariño, exigiendo que se investiguen los hechos, que aún no han sido esclarecidos por las autoridades y haciendo una invitación a implementar los acuerdos de paz.
Por: Daniela González
FIPU
PRESS
A continuación pronunciamiento
de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos sobre Alto Mira y Frontera,
Tumaco:
6
de octubre de 2017
La
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos priorizó desde hace 4 años su labor con las comunidades del
Alto Mira y Frontera, en Tumaco, Nariño. De forma permanente trabajamos en el
territorio. Con gran preocupación conocimos ayer que murieron violentamente
entre 5 y 8 personas, y otras 15 más resultaron heridas, en hechos que
condenamos y sobre los cuáles no hay una información clara.
La
Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en esta región del país ha
acompañado y mediado para resolver la
alta tensión generada entre la sustitución de cultivos ilícitos y la
erradicación de los mismos. Reiteradamente hemos explicado sobre los riesgos
que para la vida de las personas del Alto Mira y Frontera significa esta
tensión, unida a la aparición de diferentes grupos interesados en las economías
ilícitas. En abril, de este año facilitamos la entrega de varios policías
retenidos que se encontraban en labores de erradicación. También participamos y
acompañamos de forma activa la suscripción de los acuerdos de sustitución de
cultivos ilícitos firmados por el Gobierno con campesinos y afrocolombianos. Trabajamos
además en la articulación interinstitucional en la agenda de protección del
Consejo Comunitario de acuerdo con la Corte Constitucional.
En
el Alto Mira y Frontera hemos evidenciado durante este tiempo:
· Presencia limitada del Estado
· Altos niveles de pobreza
multidimensional
· Presencia de economías ilícitas
· Índices de violencia a niveles endémicos
· Falta de implementación integral del
Acuerdo de Paz en lo relacionado con: el capítulo étnico, cultivos ilícitos,
lucha contra organizaciones criminales y reforma rural integral
· Amenazas a líderes y lideresas que
apoyan la sustitución de cultivos
· Problemas en la reincorporación de los integrantes
de las FARC-EP a la vida civil
· Aparición de disidencias de las FARC-EP
e ingreso de otros grupos armados y/o de carteles de narcotráfico.
Todas
estas problemáticas generan violencia contra la población, manifestada en
homicidios, amenazas, desplazamiento forzado y confinamiento,
específicamente contra comunidades
afrocolombianas y campesinas. Lamentablemente, las anteriores características
evidenciadas en el Alto Mira y Frontera son similares en otros 42 municipios de
Colombia.
Ante
la falta de claridad sobre los crímenes
perpetrados ayer, la Oficina urge a que se investigue lo ocurrido y a que se
juzgue y sancione a sus responsables.
El
análisis de la Oficina señala que las muertes de ayer se dan en un contexto de
problemas estructurales de derechos humanos, sumados a la falta de
implementación del Acuerdo de Paz, y a la urgente y necesaria solidaridad y
acción de todos los sectores de la sociedad civil.
“En
el Congreso de la República el año pasado expresé mi miedo por su país, y llamé
la atención sobre la importancia y la responsabilidad del Estado, y también de
la sociedad: de los empresarios, de los consumidores y de todos los sectores de la población
colombiana en la construcción de una Colombia moderna en la cual se protegiera
a las personas más vulnerables que habitan las zonas rurales y están “al
margen” de todo. Me refería a campesinos, afrocolombianos e indígenas como los
que se encuentran atrapados en el Alto Mira y Frontera, como los que murieron
ayer, y que luchan por sobrevivir, que quieren sustituir cultivos pero que
necesitan una oportunidad. Esa oportunidad la pueden dar el Estado, los
gobiernos locales, los empresarios y los consumidores que con sus decisiones
pueden cambiar las dinámicas ilícitas y permitir a estas personas ser incluidas
en la economía, en la política, en la salud y en todas las garantías de
derechos a las que merecen aspirar, en particular a no vivir la repetición de
la violencia en su contra” dijo Todd Howland, representante en Colombia del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Oficina invita al Estado colombiano y a
la sociedad a hacer todos los esfuerzos necesarios para implementar de forma
urgente e inmediata el Acuerdo de Paz, articulando la actuación de las diversas
instituciones gubernamentales y civiles para desarrollar, con prioridad en las
zonas más críticas:
·
Programas efectivos de reforma rural integral construidos con las
comunidades
·
Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos
·
Acciones de prevención, garantía y protección de los derechos humanos de
la población que habita en los municipios con mayor riesgo
·
Inclusión política, económica y social de las comunidades rurales
La
Oficina expresa sus condolencias a la población nariñense y a los familiares y
amigos de las víctimas e informa que continuará trabajando en el acompañamiento, monitoreo y análisis de los
hechos ocurridos en el Alto Mira y Frontera.
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