EPL propone acordar con el gobierno una agenda para la paz
"Como rebeldes tenemos propuestas, en ese sentido estamos dispuestos a discutir y acordar con el gobierno una agenda mínima que destaque el delito político y el carácter beligerante de la guerrilla colombiana, las garantías para la participación popular en el debate nacional que proponemos, así como las salidas a los acuciantes problemas de la nación".
En una
carta publicada el 2 de octubre del 2017, el Mando Nacional del Ejército
Popular de Liberación (EPL) ha decidido hacer público su interés por hacer
parte de la mesa de negociaciones con el gobierno colombiano, reconociendo la
importancia de la Paz para la sociedad colombiana. En la carta el EPL exige al
gobierno la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, y toca temas
como la corrupción y los incumplimientos en la mesa de negociaciones con la
FRAC-EP.
A continuación la carta del EPL:
EPL:
Carta abierta al Presidente de la República, Juan Manuel Santos
Fecha:
2017 10 02
Partido
Comunista de Colombia (marxista-leninista) / Ejército Popular de Liberación
(EPL) Colombia
Comunicado
CARTA ABIERTA
Colombia,
octubre 2 de 2017
Señor:
JUAN
MANUEL SANTOS CALDERON
Presidente
de la República de Colombia L.C.
Cordial
saludo.
El
Mando Nacional, el cuerpo de oficiales y combatientes del Ejército Popular de
Liberación hemos seguido de manera atenta y cuidadosa los últimos
acontecimientos nacionales; mediante esta carta abierta que dirigimos a usted y
a todo el pueblo colombiano, expresamos nuestra honda preocupación por el rumbo
del país y los obstáculos cada vez mayores a superar en el logro de una paz con
justicia social, que asegure la dignidad y el porvenir de millares de
compatriotas.
Reconocemos
en el análisis el agravamiento de la crisis económica, social y política del
país, los fenómenos de corrupción y la situación calamitosa que se extiende en
las más diversas regiones de la patria, expresa en los altos niveles de
pobreza, informalidad y desempleo, el colapso de la salud, la extensión de los
problemas de educación y vivienda, la desprotección del campo y la restricción
de los derechos y libertades. Contrario a lo que se pregona, la realidad
advierte además de los continuos incumplimientos del gobierno, el
incontrovertible fracaso de sus políticas y en general, una actuación en
contravía a la paz con justicia social que tanto anhelan los colombianos.
Hace
unos meses el país conoció de los paros en el departamento del Chocó, el
Distrito de Buenaventura, la paralización de las actividades en el magisterio,
las protestas de los trabajadores estatales, y recientemente de los paros en
los municipios antioqueños de Segovia y Remedios. El tratamiento de guerra que
recibieron estos conflictos por parte del gobierno nacional, vistos en su
alocada intransigencia, la estigmatización y la violencia del ESMAD, la policía
y el ejército contra los pobladores y trabajadores inconformes, ha sido
rechazada por numerosas organizaciones, incluso por la comunidad internacional,
que no para en recibir las denuncias de las comunidades por las constantes
violaciones del Estado a los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario.
Con
la firma de importantes acuerdos que obligan al Estado a respetar y garantizar
los derechos de las comunidades, el país conoció también del levantamiento de
estos paros y protestas, que hoy nuevamente empiezan a prepararse dado el
incumplimiento generalizado del gobierno y el mantenimiento de las políticas
que siguen soportando el abandono, la exclusión y negación de los derechos y
libertades de nuestras comunidades.
Los
medios de comunicación han publicitado también los acuerdos firmados en el
teatro Colón de la ciudad de Bogotá DC, por el gobierno nacional y las FARC-EP,
convertidas hoy en partido político legal. La desmovilización y el desarme de
las FARC-EP tuvieron también su registro, informando la disposición de esta
organización a actuar dentro de los marcos de la ley y la institucionalidad.
Con
todos los aplausos que ha recibido este proceso por parte del gobierno, las
fuerzas de la Unidad Nacional y muchas otras organizaciones afines, llama la
atención el sinnúmero de críticas y obstáculos que colocan a diario el
Ejecutivo, el Congreso, las altas Cortes, la Fiscalía General de la Nación, los
organismos de control, los viejos y nuevos partidos de la institucionalidad a
la implementación de los Acuerdos firmados, así como su negativa a aprobar las
tibias reformas que plantean estos Acuerdos. Lamentable, que luego de
verificadas por las autoridades nacionales y la comunidad internacional la
desmovilización y dejación de las armas por parte de las FARC-EP, así como su
conversión en partido legal, el gobierno nacional mantenga el incumplimiento de
los acuerdos firmados, no haciendo efectivas garantías mínimas como la libertad
de los prisioneros de guerra, la suspensión de las órdenes de captura, la
amnistía para los milicianos, entre otras medidas acordadas.
Al
contrario de la paz que dice defender el gobierno, la no aprobación de ninguna
reforma democrática o cambio de fondo que recoja el clamor nacional manifiesta,
una vez más, la desidia y negativa del Estado, las clases y sectores que
representa, a concretar cambios que abran paso a un nuevo país, en el que
primen sin formalismos y en forma real y concreta los valores de la paz con
justicia social, la soberanía, la participación, el bienestar y la libertad
política.
Con
el incumplimiento de los acuerdos firmados con las comunidades y la negativa a
adelantar un proceso de paz que propicie la adopción de cambios de fondo en la
vida nacional, es clara la decisión manifiesta del Estado y las clases
dominantes en el país de continuar la guerra, aniquilar de la insurgencia como
fuerza rebelde, escalando un conflicto económico, social, político y armado
como el existente, que reclama en los diferentes rincones de la patria una
democrática y profunda salida política.
Con
la expectativa que reviste la firma del cese bilateral y temporal del fuego y
hostilidades entre el gobierno y el ELN, compartimos en igual manera los
llamados que en la actualidad realizan al gobierno las comunidades y
organizaciones de derechos humanos respecto de la necesidad de cesar por
completo los bombardeos indiscriminados, desmilitarizar los campos y ciudades,
desmontar el ESMAD, el paramilitarismo y los falsos positivos, terminar con la
erradicación forzada de los cultivos ilícitos, la criminalización de la
protesta social, comprometiéndose a respetar los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.
Examinados
en detalle los diferentes elementos de la coyuntura y recogidas las preocupaciones
y llamamientos que realizan las comunidades donde tenemos presencia, el
conjunto de mandos y combatientes del EPL seguimos reconociendo que la paz es y
continúa siendo una aspiración viva de la mayoría de los colombianos.
Consecuente con ello, hacemos nuestros sus llamados y reclamos, expresando con
responsabilidad que nuestra vocación y lucha por el cambio es indeclinable; en
ese sentido, declaramos nuestra disposición a discutir y encontrar las vías
posibles para la terminación de la guerra y la conquista de una verdadera paz
con justicia social.
En
esa óptica saludamos los mensajes enviados por el gobierno que usted
representa, a través de varios de sus funcionarios, en los cuales manifiesta su
disposición a abrir un diálogo de paz con nuestra organización. En respuesta,
de manera abierta y pública queremos expresarle que nuestra disposición de
diálogo siempre ha sido verdadera; sólo que los hechos y la experiencia
alcanzada en largos años de lucha, nos dice que las estrategias de guerra y la ausencia
de garantías impuestas por el gobierno son las que han impedido que éstos se
realicen de manera tranquila, propositiva, de cara al pueblo, y en una
perspectiva que permita encontrar una clara y democrática salida política al
conflicto armado que vive la nación.
Insistimos
en garantías plenas para el diálogo, pues sin ellas, cualquier encuentro
carecerá de la seriedad a la cual se aspira y no estará exento de los
traumatismos propios de la guerra. Proponemos al gobierno nacional unas
condiciones mínimas para el desarrollo de estos diálogos, que partan por
establecer un cese bilateral del fuego y las hostilidades, con verificación
internacional, en el cual sea claro el compromiso del gobierno nacional de
cesar los bombardeos indiscriminados, desmilitarizar las zonas de conflicto,
respetando sin excusa alguna los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario, tal como lo han venido reclamando las comunidades.
En
esa misma perspectiva demandamos del gobierno y el Estado colombiano la
derogatoria de la Directiva del Ministerio de Defensa No 015 del 22 de abril de
2016 que nos califica como Bacrim, el desmonte del ESMAD, la despenalización de
la protesta social; la abolición de las recompensas, el castigo a los agentes
del Estado inmersos en falsos positivos, así como el cumplimiento de los
compromisos firmados con las comunidades y sus organizaciones.
Una
demostración clara y sincera de la voluntad expresa del gobierno de iniciar
diálogos con nuestra organización comprende su declaración y compromiso expreso
a no continuar con sus planes y acciones de guerra contra las masas y el
conjunto de los combatientes populares, dignándose a rectificar su política de
paz, cumpliendo los compromisos firmados, tanto con las organizaciones del
pueblo, como con las organizaciones guerrilleras que han hecho expreso su
compromiso de paz.
Insistimos
en un diálogo de cara a la comunidad, que facilite la participación del Estado
y todos sus estamentos, los partidos políticos, las organizaciones insurgentes,
los sindicatos, las organizaciones sociales, las Juntas de Acción Comunal, las
organizaciones juveniles, y en general de todos los colombianos en la discusión
de los problemas nacionales, especialmente de las causas y dimensiones del
conflicto colombiano, las salidas y compromisos del Estado, las guerrillas y
los diferentes actores en su superación.
Como
rebeldes tenemos propuestas, en ese sentido estamos dispuestos a discutir y
acordar con el gobierno una agenda mínima que destaque el delito político y el
carácter beligerante de la guerrilla colombiana, las garantías para la
participación popular en el debate nacional que proponemos, así como las
salidas a los acuciantes problemas de la nación, como son el empleo, la salud,
la educación, el bienestar social, el desarrollo productivo y tecnológico, la
protección del campo, entre otros.
Instamos
en igual manera al conjunto de la sociedad colombiana, al pueblo y sus
organizaciones a marchar de manera unificada y decidida, exigiendo al gobierno
la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que permita con la más
amplia participación y representación del pueblo, las organizaciones y fuerzas
vivas del país la aprobación de una Nueva Constitución Política, que siente las
bases democráticas para las reformas y la paz con justicia social que reclama
la nación entera.
Asumimos
con seriedad y decisión este nuevo reto que nos demanda la historia y la causa
libertaria por la cual han ofrendado su vida miles de combatientes populares y
que hoy seguimos defendiendo junto al pueblo, que no se hinca para reclamar
respeto a sus derechos, bienestar, soberanía y libertad política.
Aspiramos
a que la apertura de estos diálogos, contribuya de manera positiva a dar salida
política al conflicto, que tal como la sociedad entera lo reclama, pasa por el
real y efectivo compromiso del gobierno en la solución de los grandes problemas
y demandas del pueblo colombiano.
Señor
Presidente, las respuestas a nuestras propuestas puede hacerla llegar a través
de los emisarios o de los contactos que autoricemos para ello.
Cordialmente,
Mando
Nacional
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