La agridulce aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz
Hacia
las once de la noche de este 13 de marzo culminó el último debate del acto
legislativo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición, considerado la columna vertebral de los acuerdos de La Habana.
En
plenaria del Senado, este proyecto -que incluye una serie de medidas como la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)-, recibió 61 votos a favor y 2 en
contra en su último trámite por el Congreso.
Pese
a que la JEP se aprobó a través del mecanismo legislativo especial o “fast
track”, su paso por el parlamento duró aproximadamente dos meses, debido a las
dilaciones y retrasos que padeció.
La
norma, que busca establecer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto
armado y aplicar penas restaurativas para todos los responsables, sufrió de una
“operación tortuga” que aplicaron algunos parlamentarios con posturas ambiguas
frente a ella.
A
falta de un debate para su aprobación, varios senadores presentaron
impedimentos, lo que algunos señalaron como un recurso de dilación y otros como
una confesión de su responsabilidad en el conflicto.
A
parte de los impedimentos, la JEP sufrió una avalancha de proposiciones que
modificaron el proyecto original, las cuales atentan incluso contra la esencia
y espíritu del acuerdo de La Habana. El gobierno explicó que fueron 83 las
modificaciones introducidas a la iniciativa original, confeccionada en la mesa
de La Habana.
Tras
su aprobación, el gobierno, las FARC y sectores políticos saludaron la noticia.
“Gracias al Congreso por su aporte a la paz y la verdad. Las @FARC_EPueblo
seguiremos trabajando por no más repetición. #LaPazNoSeDetiene”, publicó
Rodrigo Londoño, líder de las FARC, en su cuenta de Twitter.
“Agradezco
a @SenadoGovCo por aprobación mayoritaria de Justicia Especial para la Paz.
Pilar de la reconciliación y la paz”, expresó por su parte el presidente Juan
Manuel Santos.
Sin
embargo, otras figuras expresaron más bien descontento ante los “micos” que se
colgaron en el proyecto finalmente aprobado y que benefician a algunos de los
responsables que tendrían que responder ante el Tribunal de Paz.
“Cambio
Radical y gobierno, contradiciendo acuerdo (pag. 149) sacan de la JEP conductas
de financiación y colaboración con paramilitares”, señaló por ejemplo, Judith
Maldonado, representante de la agrupación Voces de Paz en el Senado.
Maldonado
hace referencia a una proposición impulsada por Cambio Radical (uno de los
partidos que más “peros” le pusieron a la JEP), que excluyó la financiación de
grupos paramilitares como conducta para comparecer ante el Tribunal de Paz.
“Con la exclusión de los financiadores del paramilitarismo se enloda
implementación del punto 5”, añadió.
“Lo
que se evidencia con modificaciones a la JEP es que se quiere favorecer a
militares y sus responsabilidades en la guerra”, explicó por su parte Jairo
Estrada, otro de los seis miembros de Voces de Paz en el Congreso que hacen
veeduría al trámite de las normas del acuerdo de La Habana.
De
otra parte, las dilaciones en la aprobación de esta norma, una de las más
importantes del paquete de leyes y reformas constitucionales para la
implementación de la paz, deja preocupaciones por la falta de compromiso de
algunos sectores políticos con ella.
Si
bien se cuenta con que el Centro Democrático vote en contra o se ausente en las
votaciones del “fast track”, otras bancadas, que en teoría apoyan el acuerdo de
paz, están generando ausentismo, dilaciones y votos en contra. Eso ha pasado
con bancadas como Cambio Radical, los conservadores o la Alianza Verde.
El
acto legislativo de la Justicia Especial de Paz pasa ahora a sanción
presidencial y control de la Corte Constitucional para su puesta en marcha. Se
sumará así a otras normas como la Ley de Amnistía y a la reforma que oficializa
la participación de Voces de Paz en el Congreso. Normas que aunque ya están en
firme requieren de su materialización para sacar adelante la implementación de
los acuerdos y seguir avanzando hacia la paz estable y duradera.
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