Ejército colombiano asesina a guerrilleros en el sur de Bolívar

Exigimos del Gobierno Nacional una investigación sobre estos hechos para que los responsables sean sancionados, así como también para que se instruya a los miembros de la Fuerza Pública para que respeten los protocolos establecidos con las FARC-EP.

Por: Corporación Solidaridad Jurídica

La Corporación Solidaridad Jurídica, organización sin ánimo de lucro, legalmente constituida, defensora de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario de la población más vulnerable. Denuncia ante la comunidad Nacional e Internacional el asesinato perpetrado el día 14 de noviembre de 2016 de 2 guerrilleros de las FARC-EP. Hechos realizado por tropas del Ejército Nacional en fragante violación al cese al fuego bilateral y definitivo pactado entre el Gobierno y la insurgencia de las FARC-EP; así como se ordenó mantener en el decreto presidencial 1386 del 26 de Agosto de 2016 expedido por el Señor presidente de la república.

HECHOS

En la fecha mencionada, un grupo de guerrilleros se desplazaba por la jurisdicción del municipio de Santa Rosa, al sur del departamento de Bolívar, en momento que se movilizaban hacia las zonas de preconcentración ordenadas y autorizadas por el gobierno  nacional. Para la realización de dicho desplazamiento se habían adelantado y se estaban cumpliendo los protocolos de rigor para su movilización y desplazamiento a fin de cumplir con lo acordado.

No obstante, miembros del Ejército Nacional, al advertir la presencia de los guerrilleros en inmediaciones de Santa Rosa, y sin mediar requerimiento alguno, procedieron a arremeter contra ellos en una ataque aleve y sorpresivo, cuyo resultado fue el asesinato de 2 miembros de las FARC-E.P., a punto tal que una guerrillera que había quedado herida, fue ultimada en forma despiadada al tratar de auxiliar a uno de sus compañeros.

Este hecho demuestra la necesidad de profundizar en la búsqueda de medidas que ofrezcan seguridad a miembros de esta guerrilla como el reajuste de los protocolos de comunicación entre la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno Nacional / Ministerio de Defensa y las organizaciones garantes como la Comisión Tripartita, capaces de garantizar la integridad física de los combatientes de las FARC-EP. De no garantizar tan siquiera el traslado de los combatientes a las zonas de pre concentración es una señal clara y abierta de los enemigos de extrema derecha interesados en sabotear el proceso de paz adelantado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, cuyos resultados finales hoy conocidos son una verdadera esperanza de paz y justicia social.

Como defensores de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, repudiamos estos actos execrables de quienes se resisten a aceptar la construcción de la paz en nuestro país y poner fin al largo conflicto armado que tanto flagelo ha causado a nuestro país. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se inicie y se lleve hasta sus últimas consecuencias la investigación de los hechos, para que la comisión ya sea la de verificación u otra especial que se conforme de urgencia y se presente resultados para llegar a la verdad verdadera de los motivos que existieron  y que dieron como resultado esos trágicos hechos. No vamos a permitir que igual que en otras oportunidades en la que hemos buscado la paz, los enemigos de ella  anegen la patria en sangre. Por eso desde los más amplios sectores de nuestra sociedad, que hoy con mayor vehemencia reclaman la paz, alertamos a las comunidades y organizaciones populares para que permanezcamos listos ante este tipo de provocaciones que solamente derrotaremos mediante la movilización y exigiendo la implementación inmediata de los acuerdos de La Habana.

Exigimos del Gobierno Nacional una investigación sobre estos hechos para que los responsables sean sancionados, así como también para que se instruya a los miembros de la Fuerza Pública para que respeten los protocolos establecidos con las FARC-EP, a fin de que puedan cumplir con las labores de pedagogía para la paz y lo pactado en la Habana.

Hacemos un llamado de solidaridad a la comunidad Nacional e Internacional, la Naciones Unidas, OEA, Cruz Roja Internacional, etc., para que expresen su voz de protesta por estos hechos que atentan contra la construcción de una paz estable y duradera con justicia social que tanto anhelamos los colombianos.