El cinismo uribista
El termino Impunidad es una palabra que suena estridente en boca de un latifundista que hasta el 30 de abril del 2015 tenía más de 186 procesos criminales en su contra, es un atentado contra la ética y la moral de los colombianos.
Por: Prensa Alternativa Cauca
Colombia
Escuchar en los medios masivos de comunicación al
expresidente Álvaro Uribe Vélez hablando de impunidad es un acto de completo
cinismo, pues durante sus ocho sangrientos años de gobierno no hizo más
que incubar un entramado criminal mediante el cual asesinó y desplazó a miles
de personas.
En su larga trayectoria política de ultraderecha, con
tintes fascistas, promovió el auge y consolidación de estructuras armadas, de
manera legal e ilegal: las convivir fueron un claro ejemplo de ello, donde
según declaraciones del paramilitar Salvatore Mancuso se reunió con el
expresidente para crearlas.
Impunidad es lo que bajo su mandato hizo con los
crímenes de Estado mal llamados “falsos positivos”, en donde asesinaban a jóvenes
y trabajadores del país para mostrar resultados de la lucha contrainsurgente.
Impunidad son los miles de desplazamientos forzados
que bajo su dirección se perpetuaron, empobreciendo y sacando del campo
colombiano a campesinos indígenas y afros para quedarse con las tierras,
acrecentando la exacerbada concentración de éstas: según fuentes oficiales el
narcotráfico y paramilitarismo tiene en su poder más de 6 millones de
hectáreas.
Impunidad en su máxima expresión es la masacre de El Aro
en la que “asesinaron a 17 campesinos,
robaron más de 1.000 cabezas de ganado, redujeron el corregimiento a cenizas,
destruyeron el hospital y la iglesia y desplazaron a cerca de 1.200 personas”[1]; masacre que lleva el
sello del apellido Uribe.
En días anteriores, este personaje, que será recordado
en la historia de Colombia como lo fue Pinochet en Chile o Videla en Argentina,
brindó una entrevista en la que llamó a la resistencia civil contra los
diálogos de La Habana y, por consiguiente, contra la paz de Colombia. Resistencia
civil que llama al odio y a la guerra entre las comunidades, que llama a una
nueva etapa de sangre.
La paz del pueblo debe ser uno de los más grandes
derechos de la humanidad. Ésta debe estar acompañada de la justicia social que
devuelva las condiciones materiales a los desposeídos, para que realmente logre
transformarse la sociedad y lograr la tan ansiada paz con justicia social.
Defender el proceso de paz es una tarea ineludible de
los millones de colombianos pobres para lograr las garantías de vida digna que
hasta ahora no hay. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC),
las negociaciones de La Habana han traído, como cifra esperanzadora, que por lo
menos 1.500 personas no hayan caído en combates. “Si se
compara con el período de implementación de la Política de Seguridad
Democrática (agosto 2002-octubre 2012) no solo habrían muerto 1.572
combatientes menos, sino que también se ha preservado la vida de 499 civiles”. [2]
El inicio de las conversaciones del Gobierno con el
ELN seguramente dará como resultado el incremento de estas esperanzadoras
cifras para los colombianos pobres (un rico no muere en enfrentamientos ni
queda en medio de combates). Es por ello que los colombianos debemos seguir
apoyando los procesos de paz, debemos conocer cada vez más los orígenes de este
largo conflicto para no repetir la historia.



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