Por qué es tan importante un acuerdo de paz que trate sobre el campo en Colombia
La importancia del acuerdo sobre el tema rural es fundamental, pues el desarrollo de éste debe contribuir a la solución de las causas históricas que dieron origen al conflicto colombiano. Además sentar las bases para transformar de manera estructural el campo colombiano.
Los datos existentes del catastro nacional demuestran
la histórica y vergonzosa concentración de la tierra que las clases dominantes
han impuesto a sangre y fuego en Colombia para fortalecer el capital privado,
despropiando a la gran mayoría de comunidades rurales en Colombia.
Desde la implementación de leyes como la 200 de 1936, la 100 de 1944, la 135 de 1961 y la 160 de 1994, el Estado no ha
dado pasos ciertos en aras de democratizar la tenencia de tierra. Lo que sí ha
funcionado es la legislación rural como el pacto del Chicoral o Agro Ingreso Seguro,
que no fueron más que alianzas para garantizar la exacerbada concentración de
la tierra que hoy en día es más elevada que nunca: 0.87 en relación con el
coeficiente de Gini, (entre más se acerque a cero hay mayor desconcentración y
democratización y donde más se aproxime a 1 hay mayor concentración).
Todo ello ha traído como consecuencia un largo conflicto
social y armado que hoy ve una posible salida política y negociada, en la mesa
de negociación entre el Gobierno y la insurgencia de las FARC-EP.
Dentro de los 6 puntos a conversar, negociar y acordar
entre las fuerzas insurgentes y el Gobierno Nacional está la “Política de
desarrollo agrario integral” que entre los puntos contiene “1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas.
Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de
reserva. 2. Programas de desarrollo con enfoque territorial. 3. Infraestructura
y adecuación de tierras. 4. Desarrollo social: Salud, educación, vivienda,
erradicación de la pobreza. 5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la
economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito.
Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. 6. Sistema de
seguridad alimentaria”. [1]
CONDICIONES
DEL CAMPO Y SUS POBLADORES EN COLOMBIA
Los efectos de esta larga historia de violencia en
Colombia no han sido menores. La crisis alimentaria que vive el país es muy crítica.
La pérdida de autosuficiencia alimentaria ha causado más pobreza: en 1990
nuestra nación importaba 400 millones de dólares en alimentos, lo que en peso
era poco más de un millón de toneladas; para el 2014 aumentó a 6.112 millones
de dólares, es decir 9.5 millones de toneladas[2],
debido al cambio de agricultura destinada al consumo, a una agricultura comercial agroexportadora,
para pasar luego a una economía minero-exportadora que ha pasado en recibir
inversiones directas del extranjero en poco más de 2.000 millones de dólares en
el 2002 a más de 9.000 millones de dólares al años 2009. [3]
El abandono estatal como política de exterminio del
campesino ha llegado a condiciones extremas: el gasto público agropecuario
entre 1990 y 1996 correspondía como porcentaje del PIB a un promedio del 0.67%,
y descendió al 0.27% entre 2000 y 2009.
El desplazamiento en Colombia tiene a nuestro país en el deshonroso
puesto número 2 en el mundo con más de 6 millones de personas en dicha condición.
Tan solo en el 2014 se sumaron 132.000 nuevos casos.[4]
Por si no fuera poco las tierras en control del paramilitarismo
y el narcotráfico se estiman en 4 millones de hectáreas[5],
según el Vicecontralor de la República,
“cifras que según fuentes oficiales asciende a los 6 millones”[6],
promoviendo cada vez más la política de concentración de la tierra.
La creciente violencia contra las comunidades rurales,
como el caso de las colectividades de Jiguamiandó y Curvaradó en el Choco, son
muestra del accionar de grupos paramilitares con empresas productoras de palma aceitera, banano y
ganado.
Según una investigación, en 2009 “los propietarios con más de 200 hectáreas representaban el 3.8% y
controlaban el 41% del área catastral del país en tanto que aquellos con menos
de 3 hectáreas, equivalentes al 39% de los propietarios, solamente contaban con
el 3.7% de la tierra”.[7]
El creciente número de hectáreas destinadas a la explotación
de minerales sigue arrasando con la
población, empobreciendo y acabando cada vez con el campo colombiano: 5.8 millones
de hectáreas entre solicitudes y títulos mineros afectan la dinámica del agro
en Colombia frente a 4.9 millones de hectáreas
dedicadas a usos agrícolas.[8]
Estos índices y estadísticas que se muestran han llevado
a configurar salidas prontas y adecuadas para democratizar el campo colombiano.
SOBRE EL ACUERDO
La importancia del acuerdo sobre el tema rural en
Colombia es fundamental, pues el desarrollo de éste debe contribuir a la
solución de las causas históricas que dieron origen al conflicto colombiano. Además
sentar las bases para transformar de manera estructural el campo colombiano.
El acuerdo del punto uno va alineado en la
configuración de un campo democrático. Este resultado, fruto de la conversación
y negociación, deja entrever el abandono que el Estado colombiano ha tenido con
las comunidades rurales y reconoce que la reforma rural integral conciba el territorio
como un espacio sociohistórico con diversidad social y cultural, que necesita
fundamentalmente de un enfoque territorial, ya que cada zona tiene sus
características propias.
Se considera igualmente que la reforma rural integral
debe integrar el territorio nacional, distribuyendo la tierra de manera
equitativa y dando prioridad en la participación y decisión a las comunidades asentadas
en sus territorios. Se reconoce el papel
fundamental de la economía campesina en la vida del país y pretende lograr autosuficiencia
alimentaria progresiva.
En esa medida el acuerdo se sustenta en 11 principios;
1. Transformación estructural; 2. Erradicación de la pobreza; 3. Priorización
en los territorios más necesitados; 4. Integralidad para asegurar la
productividad; 5. Restablecimiento de los derechos de los desplazados y del
despojo; 6. Lucha contra la ilegalidad de la posesión; 7. Participación de las
comunidades; 8. Beneficio, impacto y medición; 9. Desarrollo sostenible; 10.
Presencia del Estado; y 11. Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra.
Éstos sostienen la base de los acuerdos que se mencionan a continuación.
Creación por parte del Gobierno Nacional de un fondo de tierras de distribución gratuita
que dispondrá de millones de hectáreas y que provendrá de las tierras de extinción
de dominio, de tierras recuperadas a favor de la nación como baldíos
indebidamente apropiados, de tierras de la actualización, delimitación y fortalecimiento
de la reserva forestal, de tierras inexplotadas, de tierras adquiridas o
expropiadas por motivo de interés social y de tierras donadas. En la misma
medida el Gobierno se compromete a dar un subsidio
integral y crédito especial para compra de tierras.
Los beneficiados del fondo gratuito, del subsidio
gratuito y del crédito especial serán trabajadores sin tierra o con tierras
insuficientes, dando prioridad a la mujer cabeza de familia como también a la
población desplazada. También pueden acceder a estos beneficios asociaciones de
trabajadores con vocación agraria. Quienes sean partícipes de estos acuerdos tendrán
la posibilidad de beneficiarse de planes de vivienda, asistencia técnica, ente
otros.
De otra parte se
formalizará de manera masiva y progresiva la pequeña y mediana propiedad
mediante reformas normativas que permitan garantizar el derecho de propiedad de
los trabajadores rurales pobres. Esta formalización será de manera gratuita y
se restituirá a las familias victimas del desplazamiento y despojo en las zonas
rurales del País.
Punto que merece importancia es la responsabilidad del
Gobierno Nacional en crear mecanismos agiles y eficaces de conciliación de uso
y tenencia de la tierra, de la creación
de una instancia de alto nivel encargada de crear los lineamientos
generales del uso de la tierra, también de la promoción del uso efectivo de los
espacios de participación y decisión, como la conformación de mecanismos de concertación
y diálogo entre la institucionalidad, empresas privada y las comunidades con el
objetivo de impulsar el desarrollo común de las zonas rurales.
Como mecanismo de protección jurídica y social de la
pequeña y mediana propiedad se
formalizará y actualizará el catastro e impuesto predial y en caso de ser
necesario el gobierno nacional transferirá finanzas para que se adopten
exenciones a los beneficiarios de los programas de la reforma rural integral.
La constitución de programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) tendrá como objetivo el buen vivir de las zonas rurales y la
generación de un diagnostico con las comunidades en el que se visualicen las
necesidades en el territorio. Este constará de mecanismos de participación activa de la
población, medios para la ejecución de las zonas priorizadas y el seguimiento y
evaluación permanente para que se
cumplan los objetivos.
Paralelo a ello el Gobierno pondrá en marcha un plan de vías terciarias que articulen
la región, faciliten la distribución de alimentos y el acceso a los servicios
sociales, así como la creación de un
plan nacional de riego y drenaje que impulse la producción familiar y campesina,
garantizando el acceso democrático al agua, la implementación de un plan de electrificación rural y de
conectividad son también acuerdos que las FARC-EP y el Gobierno colombiano
han alcanzado en aras de dignificar la vida de los trabajadores rurales.
De la misma manera el Gobierno se compromete a
implementar un plan nacional de salud
rural con énfasis en la prevención,
en la ejecución de un plan nacional de
educación rural que erradique el analfabetismo y promueva la permanencia
productiva en el campo, también pondrá en marcha el plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social
rural y la implantación del plan
nacional de fomento a la economía solidaria y la cooperativa rural con la
constitución de un plan de asistencia
técnica, la conformación de un plan
nacional para la promoción de la comercialización de la economía campesina,
familiar y comunitaria y la culminación de un plan progresivo de protección social que garantice los derechos
laborales de los trabajadores rurales, serán instrumentos que la
institucionalidad dispondrá para avanzar en la consecución de la vida digna de
los pobladores rurales.
Finalmente y como una de las luchas del campesinado colombiano, se
pondrá en marcha las Zonas de Reserva Campesina
(ZRC), concertadas entre el Gobierno y las comunidades que así lo
requieran.
A modo de conclusión
podemos decir que mientras no haya una real democratización del campo
colombiano seguramente no habrá ni una posibilidad de acabar con el conflicto
social y armando en el que está inmerso el país. Si el Estado colombiano no
revierte la política de concentración agraria, las comunidades rurales entrarán
cada vez más en una crisis que empujaría a décadas de confrontación armada.
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