Desde la cárcel, Huber Ballesteros explica el problema agrario

La única forma de terminar con el problema de la producción de coca, marihuana y amapola, es modificando el modelo de desarrollo rural en Colombia.

Por: Prensa Alternativa

La grave concentración de la tierra, la violencia política que vive el campesinado colombiano, la pérdida de soberanía alimentaria, entre otras, han sido graves problemas que vive nuestro País.

Ante estas situaciones, las comunidades campesinas han venido organizándose para luchar por la tierra y el territorio y vivir dignamente.

Es así, que por librar estas batallas y defender los derechos del pueblo trabajador y explotado, uno de sus dirigentes, Huber Ballesteros, fue detenido y encarcelado hace más de dos años, valiéndose de un montaje judicial para tal objetivo.

Aun así, en su inquebrantable lucha, desde el pabellón de alta seguridad en la cárcel La Picota de Bogotá, el líder campesino, quien lleva más de 30 años de militancia política en la izquierda colombiana, nos ha brindado amablemente una conversación sobre los acuerdos de La Habana, la concentración de la tierra, el latifundio, las Zonas de Reserva Campesina, entre otros temas de vital importancia para el país

En Colombia, bajo el modelo neoliberal, el agro se ha convertido en productor de materias primas para  la exportación, debilitando la producción de alimentos y afectando de forma estructural la soberanía alimentaria. En esa situación, ¿cuáles deben ser las políticas encaminadas a fortalecer un campo colombiano que beneficie a toda la población?

Huber Ballesteros: La reconversión productiva que se ha generado en Colombia en los últimos  25 años obedece a imposiciones de la Organización Mundial  del Comercio, OMC, que busca fundamentalmente abrir espacio para el consumo de los alimentos importados, algo que ha quedado claro con la firma de los TLC.

Esta política de reconversión productiva trajo como consecuencia el descenso acelerado de la producción nacional de alimentos y como consecuencia la pérdida de nuestra soberanía alimentaria. Quiero decir que no soy amigo de los modelos  campesinistas cerrados como formas únicas de producción en el campo; creo que eso, hoy, es poco probable que se pueda implementar; pero tampoco lo soy de los modelos de desarrollo rural unimodal  de agricultura para la exportación en monocultivos y en grandes plantaciones. Mucho menos los considero sostenibles desde el punto de vista ambiental y económico. Estimo por lo tanto, que para nuestro país, que es un país de regiones y de climas variados y permanentes, lo mejor sería  la implementación de un modelo de producción rural multimodal. Es  decir, en el cual se tengan en cuenta: la económica parcelaria de las comunidades campesinas, los afrodescendientes y  de los pueblos indígenas, y en el cual tengan cabida también la producción agroindustria y la agricultura comercial. Un modelo que se implemente teniendo en cuenta nuestra diversidad regional y la variedad de climas que tiene nuestro país.

¿Qué mecanismos ha utilizado el latifundismo para concentrar la tierra en Colombia?

H.B: El latifundismo en Colombia  surge con las encomiendas de la corona española, se sustenta y se amplía con otras formas de ocupación y explotación de la tierra como la mita, el terraje y la aparcería; todas ellas, herencia de la invasión y colonización europea. La hacienda colonial y sus formas  semifeudales de explotación de la tierra sobrevivieron a la independencia  y son el origen más cercano del latifundismo actual. Este modelo de concentración especulativa de la tierra ha sido implementado y defendido por una clase conservadora muy ligada a la iglesia católica en los últimos cien años mediante la violencia. Podemos decir que la violencia “liberal- conservadora” de mediados del siglo XX y la paramilitar, que se mantiene hasta nuestros días,  han tenido ese fin.

Entendiendo el problema del narcotráfico como una gran empresa transnacional, ¿cuáles deben ser los pasos y los mecanismos para acabar con ello en Colombia?

H.B: Para analizar este fenómeno de  forma objetiva, a mi juicio, debemos dividirlo en dos: una cosa es el narcotráfico como  empresa ilegal transnacional y otra cosa es la producción de hoja coca, marihuana y amapola.

En Colombia la aparición de los cultivos denominados ilícitos, surgen como respuesta económica legitima de un campesinado a quien el Estado no sólo excluye del modelo de desarrollo, sino que persigue económica, política y militarmente.

Ante la falta  de una política agraria que tenga en cuenta las particularidades de la producción económica del campesino, éste, como respuesta, opta por la siembra de marihuana, coca y amapola, producción declarada ilegal, pero con la cual obtiene los ingresos que dejó de percibir como consecuencia de la implementación de un modelo de desarrollo absolutamente anticampesino.

En este sentido, entonces, debemos dejar claro que las comunidades rurales productoras no son narcotraficantes.

De forma equivocada, el  gobierno colombiano ha dado  tratamiento criminal y policial a un problema cuyas raíces son económicas y sociales.  La única forma de terminar con el problema de la producción de coca, marihuana y amapola es modificando el modelo de desarrollo rural en Colombia; adoptando uno que tenga en cuenta la económica campesina y sus particularidades; abandonando la política antidrogas actual que ataca el eslabón más débil, (el productor campesino) mientras el gobierno cohabita con las mafias del narcotráfico.

En Colombia han habido una serie de leyes en torno al agro colombiano, entre ellas están la ley 135 de 1961 y la ley 160 de 1994, ¿cómo se pueden caracterizar estas leyes y hacia dónde van encaminadas?

H.B: El siglo XX fue para nuestro país bastante conflictivo en materia agraria. Producto de esa conflictividad el régimen expidió desde 1936, la ley 200 o ley  de tierras, hasta la ley 1152 de 2007 estatuto del desarrollo rural (declarada inexequible); cerca de diez leyes con las cuales se afectó negativamente el campo colombiano. La  ley 135 de 19661, se expidió dos años después del triunfo de la revolución cubana;  fue impulsada por el gobierno de los EE.UU. al igual que muchas en América Latina como una forma de  paliar las crisis que se vivían y con la intención de prevenir futuras revoluciones. La ley 160 de1994  hace parte de las medidas que se tomaron para implementar el modelo neoliberal,  por eso su eje central fue el mercado de tierras y su único beneficiario el sistema financiero.

Usted ha sido vocero de las comunidades campesinas por años, ¿qué se conocen como Zonas de Reserva Campesina, cómo funcionan y por qué son tan importantes para el agro colombiano?

H.B: Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), inicialmente surgen como una necesidad para enfrentar la expansión violenta del latifundio hacia las zonas de colonización; luego, la figura cobra importancia  como forma de territorialidad de las comunidades campesinas para la defensa de su cultura, el medio ambiente y su forma económica de producción. Fueron reconocidas legalmente por la ley 160 de 1994 y funcionan como un territorio delimitado geográficamente, en el cual se implementa  un plan de desarrollo campesino que debe ser  discutido y aprobado por toda la comunidad que habita a su interior. La ZRC, como figura del ordenamiento territorial colombiano, establece una interlocución con los demás entes territoriales y sus autoridades (municipio, departamento y nación)  a través de la organización más representativa del territorio. Son varias las razones por las cuales las ZRC son muy importantes; pero podría destacar las siguientes: son de cierta manera un reconocimiento político al campesinado, al definírseles un territorio; en las ZRC, se logra una de las grandes aspiraciones del movimiento campesino cómo es el límite de la propiedad de la tierra de una misma familia; pero sin duda, una de las razones más importantes de su creación, es el reconocimiento a la economía campesina que puede y debe convertirse en factor de recuperación de la soberanía alimentaria.

¿Para usted cuáles han sido las mayores victorias de las comunidades campesinas en la historia colombiana?

H.B: Las comunidades campesinas organizadas han alcanzado muchas victorias; quizás una de las primeras fue la expedición de las ley 200 de 1936, en la cual se definió la función social de la propiedad y se estableció la extinción de derechos de dominio para tierras incultas o indebidamente explotadas. La creación de las Zonas de Reserva Campesina hace parte de ese listado de conquistas sociales y políticas del campesinado. También se han logrado conquistas importantes en la lucha social que el campesinado ha librado en innumerables marchas y paros; unas veces solo y  otras en compañía del movimiento obrero y otros sectores sociales. A nivel internacional las comunidades campesinas lograron el reconocimiento de los derechos de los campesinos y las campesinas en la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, declaración que ampara sus derechos en todo el mundo.

¿Qué diferencias hay entre reforma rural integral y reforma agraria integral?

H.B: Desde mi punto de vista, los dos conceptos tienen similitudes que  tienden a confundir; sin embargo puede uno marcar algunas diferencias: la primera de ellas es que desde la concepción del Estado y algunos analistas del tema,  lo rural, hoy, no hace referencia exclusiva a temas de producción agropecuaria y por lo tanto una reforma rural integral involucraría en lo económico, político y social aspectos diferentes a la producción de alimentos y materias primas agropecuarias, es decir que el campo podría ser proveedor de otras mercancías como servicios ambientales, servicios turísticos, artesanías u otras; no involucra necesariamente modificaciones en la distribución de la tierra ni hace referencia a la necesidad de recuperar la soberanía alimentaria y la producción de alimentos.

En las conversaciones de La Habana, el gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP han llegado a acuerdos en cuanto a la problemática agraria y los cultivos de uso ilícito, ¿en qué consisten esos acuerdos y qué más falta para avanzar y darle solución a los problemas que originaron el conflicto armado colombiano?

H.B: Los acuerdos sobre el problema agrario y cultivos de uso ilícito establecen  básicamente el cambio en la política de erradicación y sustitución de los cultivos de coca, marihuana y amapola; sus aspectos más importantes son:

- Reconocimiento del origen del narcotráfico en las  “condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas” a esa actividad delictiva.

- El Estado se compromete a desarrollar tres programas puntuales: uno de sustitución de cultivos, otro de desminado, en el que la guerrilla deberá colaborar con información, y  otro de atención al consumo.

En el primer subpunto (sustitución de cultivos) se acordó que Gobierno Nacional creará y pondrá en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS); que la sustitución se dará con consentimiento de las comunidades de manera manual para generar empleo.

En el segundo (atención al consumo), programas de prevención del consumo y salud pública,  se acordó que el Gobierno creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de alto nivel. Este programa tendrá un enfoque de derechos humanos y de salud pública. 

En el tercer punto (organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico) se acordó la intensificación de la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo. La idea es desarticular el crimen organizado y las redes de estas organizaciones. Para ello, el Gobierno Nacional pondrá en marcha una estrategia de política criminal.

Sobre el punto uno que trata el problema agrario, los principales acuerdos los podemos resumir así:

Acceso y uso de la tierra.  En este se acordó la creación de un fondo de tierras de distribución gratuita para campesinos sin tierra con tierra insuficiente; subsidio integral y crédito especial para la compra de tierras, así como garantizar los derechos de propiedad; acuerdo para mejorar el uso de la tierra. El gobierno definirá lineamientos generales del uso del suelo que tenga en cuenta su vocación y pondrá en marcha programas de reconversión, actualizará el catastro, para que los que más tienen paguen más y creará  incentivos para darle un uso más productivo a la tierra, de igual manera fortalecerá la participación de las comunidades en la planificación del ordenamiento del territorio, quedando también establecido el compromiso de delimitar la frontera agrícola.

Establecimiento de programas de desarrollo rural integral con enfoque territorial. Se habla aquí de intervenir en las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza con verdaderos planes de desarrollo que transformen esos territorios, garanticen derechos y faciliten la reconciliación.

Planes nacionales  para la erradicación de la pobreza extrema. Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos de todo tipo a la productividad de la agricultura familiar.

Sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. Se fortalecerán los mercados locales y regionales, se harán campañas para un adecuado manejo de alimentos por parte de las familias y se aplicaran programas especiales contra el hambre.

Es importante señalar que en este punto, subsisten  algunas  salvedades muy importantes, que aún no han sido acordadas.

Sobre lo que falta para superar las causas que dieron origen al conflicto, puedo decir que lo que se firme en La Habana, como la mayoría de los colombianos deseamos, abre las puertas para que iniciemos ese recorrido. Son muchas y variadas las causas, que no sólo se han profundizado en estos sesenta años, sino que también se han complejizado. Lo que surgió por falta de escenarios de participación política del pueblo para tratar problemas que fundamentalmente tenían que ver con el campo, hoy va mucho más allá, y por lo tanto será más difícil de superar.

Finalmente, las comunidades campesinas han avanzado en materia de una propuesta de ley en torno al tema agrario, ¿en qué consiste y cuáles son sus banderas?

H.B: No es la primera vez que las organizaciones del campo tomamos la iniciativa en la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República. Ya en otras ocasiones hemos intentado que el gobierno colombiano dé cabal cumplimiento a los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional. En este sentido, el proyecto pretende alcanzar los siguientes objetivos:

- Fortalecimiento  las organizaciones rurales y su capacidad de gestión ante las entidades gubernamentales.

- Real incidencia en los programas y proyectos de reforma agraria y desarrollo rural en el ámbito de las entidades públicas y territoriales.

- Reversar  la extrema concentración de la propiedad de la tierra.

- Pleno  reconocimiento del papel e importancia de la economía campesina.

- Respeto  y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.

- Recuperación económica de la producción agropecuaria,

- Protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el ambiente.

- Recuperación de la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria.

En término generales contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores rurales y lograr que se reconozcan los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales de campesinos, indígenas y  comunidades negras.


Finalmente, el líder campesino expresa la necesidad de poner fin al conflicto social y armado, como mecanismo para iniciar un proceso de democratización del campo colombiano, pues a lo largo de la entrevista muestra con gran claridad que la zona rural se ha visto afectada por múltiples intereses particulares, que hoy están puestos al servicio de multinacionales que vienen acrecentado sus ganancias a costa de la vida y tierra de campesinos pobres, violando nuestra soberanía nacional.

Estos acuerdos logrados en la mesa de conversaciones seguramente serán un punto de inicio para la transformación del campo, sin embargo es necesario seguir construyendo, junto a las comunidades campesinas, un proyecto de vida en donde se atiendan necesidades propias y en donde se reconozca al campesinado como un sujeto político que históricamente ha peleado por sus derechos.