Colombia en las calles contra el Gobierno y el paramilitarismo
Las principales ciudades del país fueron tomadas por el pueblo colombiano que protesta en contra de las políticas gubernamentales y el terrorismo de Estado que, a través del paramilitarismo, desde el 26 de febrero deja un promedio cercano de dos personas asesinadas diariamente, según lo manifestó Aída Abella, sobreviviente de la Unión Patriótica.
El
17 de marzo, fecha definida por centrales obreras y organizaciones sociales como
jornada de Paro Nacional, movilizó a los colombianos en defensa de la paz con justicia social y en contra de las
precarias condiciones de vida en que vive la población.
“Conoce
usted, señor Presidente, la tragedia que vive nuestra niñez en muchos lugares
de Colombia donde, en una macabra danza
de la muerte miles de niños fallecen de hambre, sed y toda clase de
enfermedades por el abandono de su gobierno y de una clase dirigente arrogante
y mezquina”, expresa el pliego de exigencias del paro.
El incumplimiento de
los acuerdos suscritos con la Cumbre Agraria y Dignidad Agropecuaria, los continuos
casos de corrupción,
la entrega del patrimonio público a intereses privados como sucedió con la venta de Isagén, y 29 empresas del Estado que estarían
próximas a privatizarse, según denuncias de la congresista Ángela María Robledo, también son detonantes de
la crisis y pérdida de confianza en el Gobierno Nacional que desde hace más de
tres años adelanta el proceso de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana.
“Pedimos
al Gobierno Nacional que de la misma manera que se negocia en La Habana, se
atiendan los reclamos y la participación de los sectores gremiales y sociales,
y se respete la protesta ciudadana”, exige el pliego, al tiempo que manifiesta apoyar las negociaciones del Gobierno con
los grupos insurgentes.
La jornada de este jueves
es preparatoria del Paro Cívico Nacional cuyas exigencias, presentadas por centrales
obreras y organizaciones sociales, plantea 15 puntos en materia de justicia
social y garantías para la oposición política que exige al Gobierno desmontar el
paramilitarismo.
“El paramilitarismo lejos de desmontarse,
sigue rampante en el territorio nacional sembrando muerte y terror,
constituyéndose en un obstáculo y una amenaza para las garantías que deben
gozar las ciudadanías para el pleno ejercicio de sus derechos y pervivencia en
el territorio”, denuncia el pliego.
Redacción
FIPU



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